Mi aportación de esta semana para el blog del LAECOVI quiero dedicarla a informaros sobre el reciente Trabajo Fin de Máster que he presentado en la Universidad de Córdoba, en el cual he realizado un análisis de la regulación normativa que las Administraciones Públicas ponen en disposición de los centros educativos para trabajar la convivencia escolar.
La realidad a la que se enfrentan las Administraciones Educativas en materia de convivencia escolar, es acercarse en la medida de lo posible a la demanda social del los diferentes miembros de la comunidad educativa y atender al avance en el tratamiento de la conflictividad y la violencia escolar, teniendo en cuenta que los resultados de las investigaciones más recientes destacan la importancia de prevenir e intervenir ante estos fenómenos. Esto exige que la estructuración de las políticas educativas reúna unos indicadores fundamentales que garanticen su probabilidad de éxito. En este sentido, los resultados del estudio que he presentado muestran que, en general las Comunidades Autónomas están desarrollando políticas gubernamentales para regular la gestión de la convivencia en la escuela, aunque cada autonomía lo está haciendo de forma diferente. Esta situación está provocando que aquellos docentes que se enfrentan a una situación de violencia en los centros educativos sin contar con un protocolo que disponga las medidas para intervenir en el problema, se planteen la pregunta que tantas veces hemos escuchado en la escuela, ¿y qué hago yo ahora?
Sin embargo, si todas las Comunidades Autónomas pertenecen al Estado Nacional Español, ¿por qué tienen decretos y órdenes diferentes para regular la convivencia escolar? Esta circunstancia se explica porque La Ley Orgánica de Educación (BOE, 2006) establece que el Sistema Educativo Español sigue un modelo descentralizado que distribuye las competencias entre el Estado, las Comunidades Autónomas, las Administraciones Locales y los centros docentes. La descentralización se entiende como un proceso de distribución equilibrada del poder del interior del Estado, para profundizar la democracia, potenciar el desarrollo y mejorar la calidad de vida (Castells, 2001).
En este sentido, el modelo descentralizado del Sistema Educativo Español se está materializando en un proceso de autonomía en el que las Comunidades Autónomas del Estado Nacional Español están transfiriendo la responsabilidad de la gestión de la convivencia escolar a la propia escuela, para diseñar nuevos roles del profesorado, promover la coordinación intercentros con una diversidad de proyectos e iniciativas que incrementa las posibilidades de formación del alumnado. Este proceso se está materializando muy lentamente desde la última década del siglo pasado, y probablemente está provocando que exista esa heterogeneidad entre las medidas que articulan los centros educativos de unas Comunidades Autónomas y otras.
Desde mi punto de vista y tras los resultados obtenidos en este estudio, considero que aunque las Administraciones Públicas se están incorporando al tratamiento de la convivencia escolar y sus problemas con la aplicación de programas de intervención y prevención, no existe una homogeneidad para estructurar las estrategias que se llevan a cabo en los centros educativos. Esta situación está provocando una desconexión entre lo que se dispone desde la Administración y las estrategias que se aplican en la escuela.
En este sentido, me gustaría conocer vuestra opinión: ¿qué pensáis?, ¿son coherentes los dispositivos gubernamentales que proponen las Administraciones Públicas para tratar la convivencia escolar y las estrategias que se aplican en la escuela?, ¿son eficientes los recursos con los que cuentan los docentes para prevenir e intervenir ante problemas como la conflictividad y la violencia escolar?.

